Gasto educativo…mala distribución…

El centro de estudios económicos IDESA del amigo Jorge Colina (Georg…. en confianza), esta semana puso el ojo en la distribución de los recursos en materia de educación y descubrió que tenemos que acelerar el ritmo en la equidad de los distintos niveles, al margen de dejar al descubierto que siempre se acentúa la concentración en contra del federalismo. Acá el informe luego del “anuncio de Filmus” que le dijo a las provincias….arreglense.

La Nación no garantiza un funcionamiento aceptable de las universidades que depende de su jurisdicción, pero se atribuye la potestad de condicionar la política salarial de los docentes que depende de las provincias. Una regla elemental y básica de gestión pública es que cada jurisdicción se debe hacer cargo de sus propias responsabilidades y no interferir sobre las otras. Sólo por esta vía será posible garantizar servicios educativos de buena calidad en todos los niveles.
Luego de prolongados e intensos conflictos, la Argentina finalmente se constituyó bajo una forma federal de gobierno. Razones históricas y políticas, pero también de tipo práctico relativas a la gestión pública en un país extenso y heterogéneo, llevaron a adoptar un esquema descentralizado. La regla general es que el Estado se organiza en jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) y, en función de ello, se descentralizan las responsabilidades de gobierno. En el caso de la educación, la organización federal establece que las provincias tienen la responsabilidad por la educación básica y la nación por la educación universitaria.
El carácter federal de la educación se puede observar en la estructura de gasto público en educación de las distintas jurisdicciones. En este sentido, en base a datos del Presupuesto Nacional 2007 y a estimaciones del gasto público consolidado que realiza el Ministerio de Economía correspondientes al 2004 se puede señalar que:
· Las provincias destinan un 27% de su gasto a educación. De esos recursos, el 82% es absorbido por la educación primaria y secundaria.
· El gasto educativo del Ministerio de Educación de la Nación apenas representa el 6% del gasto público total del nivel nacional.
· De esos recursos que la Nación destina a educación, el 62% tiene como destino las universidades.
Los datos confirman la naturaleza federal bajo la que se organiza la educación en Argentina. La principal función de las autoridades educativas nacionales (y por las cuales deberían rendir cuentas a la sociedad), es el funcionamiento de las universidades. En este aspecto, las recientes declaraciones de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires son contundentes. No sólo es muy preocupante que la formación universitaria de los alumnos y el desarrollo de la investigación no alcancen parámetros medibles y razonables en términos de resultados sino que, más grave aún es la denuncia sobre la total informalidad con que se manejan los cuantiosos fondos públicos que se destinan a las universidades.
En materia de educación básica, la Nación tiene funciones, que no se relacionan con la gestión, sino con generar un contexto que induzcan a una mayor eficiencia e inversión por parte de las provincias. El ejemplo más claro es la necesidad de propiciar un sistema estandarizado y confiable de títulos homogéneos para todo el país y medir resultados de la gestión de las provincias para que cada comunidad local tenga información oficial sobre los buenos o malos resultados de su sistema educativo provincial.
Como ocurre con las universidades, en este segundo aspecto las intervenciones del gobierno nacional tampoco ayudan a mejorar la educación. Por omisión, porque la Nación no genera ni informa a la sociedad los resultados educativos de las provincias. Por acción, porque permanentemente interfiere en la gestión provincial. Lo hace a través de una multiplicidad de programas nacionales que se superponen con funciones locales, burocratizando la gestión y haciéndola aun mas ineficiente. El caso más perverso es el relacionado con la política salarial y el ejemplo más reciente es el anuncio del gobierno nacional de aumentos de salarios para los docentes de las provincias. El anuncio tiene mucho de oportunismo político y poco de legalidad ya que son las provincias las que deben decidir cuánto deben ganar sus docentes y a cambio de qué resultados en términos de formación de los alumnos.
Un verdadero compromiso con la educación comienza con respetar el federalismo argentino. Si hay provincias cuyos recursos fiscales son insuficientes, la solución es sancionar un nuevo mecanismo de coparticipación federal. Si el gobierno nacional está preocupado por la educación, su primera tarea es garantizar un razonable funcionamiento de las universidades, evitando que enormes masas de recursos se destine a burocracia, clientelismo y corrupción. Si, además, aspira a un mejor sistema de educación básica, la solución no es interferir en la gestión provincial, sino en respetar los principios federales e informar a la sociedad los resultados educativos que están produciendo sus políticos locales.